La oposición anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional y advierte de la eliminación de controles.
El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, por la vía de urgencia y en apenas hora y media de debate, un decreto-ley que para la oposición elimina controles y garantías jurídicas, y para el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos limpia de trabas y burocracia administrativa la actividad económica. En plena pandemia del coronavirus y con una Cámara en estado anestésico gobernada por la Diputación Permanente, el Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno ha sacado adelante con los votos de PP, Ciudadanos y Vox su mayor apuesta política de la legislatura.
El decreto-ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía modifica o deroga parcialmente 21 textos legislativos y seis decretos que afectan a toda la actividad económica, especialmente al ámbito medioambiental, comercial o urbanístico. Estas medidas han sido pactadas con el sector privado, pero no con los sindicatos, como ha denunciado la secretaria general de CC OO, Nuria López.
Algunas de las modificaciones no tienen justificación de urgencia, como exige el Estatuto de Autonomía para el decreto-ley, como pusieron de manifiesto los grupos socialista y Adelante Andalucía.
Al respecto, dos medidas llaman la atención. Los cambios en la ley del Audiovisual de Andalucía, aprobada por unanimidad en la anterior legislatura, van a permitir que empresas privadas puedan gestionar las emisoras municipales, lo que, en opinión de la portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, provocará el “acaparamiento mediático, la competencia desleal, el intrusismo y la privatización”. El portavoz socialista, Manuel Jiménez Barrios, destacó que se ha eliminado de la ley la prohibición de que la publicidad institucional se emita en radios piratas. “¿A quién les están haciendo ustedes un favor?”, se preguntó. Esta modificación ha sido denunciada por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y por asociaciones de la prensa, organizaciones sociales, facultades de comunicación y sindicatos.
Otra de las cosas llamativas del decreto-ley en cuanto a su urgencia es el permiso a los comercios de más de 300 metros cuadrados a ampliar el número de festivos en los que pueden abrir. Se hará de manera paulatina hasta el 2022 y hasta un total de 16 domingos en un sector que emplea (o empleaba antes de la crisis por el coronavirus) a 520.000 personas y suponía el 16,5% del mercado laboral andaluz. “¿Dónde está la urgencia, si son tres años para aplicarlo?”, se preguntó el portavoz socialista, Manuel Jiménez Barrios. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, aseguró que se trata de “adaptar el comercio a los requerimientos de la vida actual”.
Tanto el PSOE como Adelante Andalucía manifestaron sus dudas de que la Diputación Permanente sea el órgano competente para aprobar un decreto de esta magnitud. Adelante anunció que recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional por posible vulneración del artículo 23 de la Constitución que regula los derechos de participación de los diputados. Jiménez Barrios también anunció que recurrirá y destacó que la Diputación Permanente sólo está habilitada para funcionar durante los periodos inhábiles y en caso de disolución de las Cámara. Sí advirtió al Gobierno que va a generar “una grave inseguridad jurídica” en Andalucía.
Los miembros de la Diputación Permanente se reunieron en el salón de plenos para guardar las distancias de seguridad. Sólo una veintena de diputados de los 109 del Parlamento. Muchos con guantes y mascarillas. Las intervenciones se hicieron desde el escaño. El decreto se convalidó tras hora y media de debate y sin que el Gobierno aportara informes jurídicos y presupuestarios. Un total de 21 organizaciones han firmado un escrito en el que pidieron la solicitud de retirada del decreto-ley, entre ellas UGT, CC OO, Facua y Greenpeace.
El Gobierno andaluz aprobó el decreto-ley, en el que llevaba trabajando más de un año, el pasado 9 de marzo, tres días después se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En su exposición de motivos, se alude para su justificación a la crisis del coronavirus, aunque España no decretó el estado de alerta hasta el 14 de marzo.
Como en el resto del mundo, las previsiones económicas de la Junta de la Junta de Andalucía se han venido abajo y el Presupuesto de la comunidad tendrá que ser reelaborado de cabo a rabo. Nada es como hace tan sólo mes y medio. De contemplar un crecimiento del 1,9% para este año, ha pasado a estimar un decrecimiento de casi el 6%. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, estimaba recientemente que a final de 2020 Andalucía podría tener una tasa de paro por debajo del 15%. Ahora el cierre en el turismo, el comercio y la construcción llevará a la destrucción neta de empleo. El paro registrado en marzo Andalucía es de 945.333, un 17,1% más que el mes anterior. Casi la mitad de los nuevos parados que de España corresponden a Andalucía.
El nuevo texto legal elimina o simplifica hasta un centenar de trámites administrativos con el objetivo de reducir plazos para emprender una actividad. “Este decreto ley nace de la necesidad de actualizar la normativa que facilite la actividad de las empresas y mejoren la vida del ciudadano, una cuestión que se ha hecho especialmente urgente en estos momentos. Este texto en ningún momento contempla la relajación de la seguridad jurídica”, aseguró el consejero de Economía. Sin embargo, para Adelante Andalucía el nuevo texto legal el Gobierno “quita trámites que impiden la especulación, el amiguismo y el todo a 100”.
En muchos casos se opta por la declaración responsable para eludir la autorización previa de las administraciones que ejercerán su control a posteriori. Así, los procedimientos previstos en la ley de Ordenación Urbanística en Andalucía (LOUA) para pedir licencias de obras en edificios ya construidos o las licencias de ocupación quedan sustituidos por la declaración responsable. Ocurre igual en el caso de “la salvaguarda de protección de la salud o seguridad públicas, el medio ambiente o el patrimonio histórico”, asegura el decreto-ley.
En el ámbito urbanístico se suprimen “multitud” de informes sectoriales que hasta ahora se requerían para la tramitación de los planes urbanísticos de los ayuntamientos. El objetivo, según el Gobierno autónomo, es que los planeamientos se aprueben en dos años y no es ocho de media como ocurre ahora.
Tanto los portavoces de PP, Ciudadanos y Vox defendieron la necesidad del decreto en un panorama de crisis absoluta. “Ahora es más urgente e imprescindible. Hay que evitar que los emprendedores rueden por 27 ventanillas, reduzcan los plazos y puedan crear trabajo”, aseguró la portavoz del PP, Loles López, que se mostró abierta a “matizar lo que haya que matizar” en un futuro.
Via: El País
