El cambio de postura de Juan Espadas en el PSOE permite a la Junta un éxito político y de impulso a su gestión
Los maestros serán reconocidos como autoridad y su palabra tendrá presunción de veracidad en un conflicto
El Gobierno andaluz logró este miércoles un éxito político contundente en el Parlamento de Andalucía con la aprobación definitiva de dos leyes sociales, la de Infancia y la de Autoridad del Profesorado, dos decretos de ayudas a empresas y el inicio de la tramitación de la nueva Ley del Suelo, un proyecto estratégico para la Junta. Un «ritmo reformista» fruto del «diálogo transversal» del Gobierno andaluz del cambio para llegar a grandes acuerdos con todas las fuerzas políticas, según las palabras que el propio presidente Juanma Moreno pronunciaba en la reunión de su grupo parlamentario antes del inicio de la sesión plenaria.
Un éxito político que, evidentemente, se arrogaba también Ciudadanos —la ley del profesorado es del departamento de Imbroda y la de Infancia de Rocío Ruiz, ambos consejeros naranja— y el PSOE, que ha mutado en «oposición útil» y quiere recuperar su voz en el Parlamento andaluz. Y, sobre todo, su protagonismo siendo pieza clave en la tramitación de las iniciativas parlamentarias que plantea el Gobierno andaluz. Un papel que no había jugado hasta ahora desde que perdieron la Junta.
La principal preocupación del Ejecutivo regional era el inicio de la tramitación de la nueva Ley del Suelo, una norma que responde tecnicamente al nombre de Lista (Ley de Impulso y sostenibilidad del territorio en Andalucía, que es fruto de la creatividad del propio presidente de la Junta) y en la que los ayuntamientos tienen puestas sus miras. El 26 de mayo, Vox se alió con PSOE y Unidas Podemos y tumbó la norma de la Junta mediante una enmienda a la totalidad.
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, llevó ante la Cámara una carpeta con las reclamaciones de numerosos colectivos profesionales —colegios de aparejadores, arquitectos, geólogos, asociaciones empresariales de la construcción, el Consejo de Alcaldes y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias— pidiendo al Parlamento la aprobación de una norma que lleva años dando vueltas por los cajones de la Junta y la Cámara y que pondrá fin a lustros de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994), años en los que se ha hecho evidente que se necesitaba una revisión integral del urbanismo andaluz, sinónimo de laberinto legislativo, de ahí la situación de bloqueo que sufren muchos municipios andaluces.
Ahora queda por delante una ardua negociación de enmiendas ya que Vox no quiere que se incluyan las del PSOE y el Gobierno andaluz quiere una norma «más allá de trincheras ideológicas que ayude al progreso y la recuperación económica tras la pandemia». Se tramitará por vía de urgencia para tratar de que esté aprobada a finales de año.
Autoridad del profesorado
«La ley lo único que pretende es que se respete a nuestros docentes» decía el consejero Javier Imbroda tras la aprobación definitiva, también por amplísima mayoría, de la Ley que reconoce la autoridad del profesorado y que recoge que sus palabras, en caso de conflicto, tendrán presunción de veracidad como sucede, por ejemplo, con la policía y otras autoridades públicas.
La normativa contó con el apoyo de PP, Ciudadanos, PSOEy Vox y el voto en contra de los no adscritos de Adelante Andalucía y la abstención de Unidas Podemos. Esta ley también ha tenido un largo recorrido en la Cámara andaluza porque el PP ya la había presentado en la anterior Legislatura, aunque sin éxito. Ahora sale adelante con un amplio consenso.
Con un importante respaldo también salió adelante la Ley de Infancia y Adolescencia que sólo contó con el voto contrario de Vox que considera que es una «ley adoctrinadora», y la abstención de los diputados no adscritos de Adelante Andalucía. Sin embargo, la consejera Rocío Ruiz logró el aplauso unánime de la Cámara —y más de una lágrima de todos los portavoces a los que agradeció su ayuda y colaboración para aprobar este texto, además de la emoción de la Directora General de Infancia— en un discurso muy emotivo en el que aseguró que esta norma era el motivo por el que llegó a la política, «si mi hija pudiese hablarme me diría que nunca deje de pelear por los más vulnerables». La normativa, que busca proteger a los menores del acoso, la violencia sexual y la pobreza, tiene como lema, «un niño, una familia» apostando por el acogimiento familiar de los menores en desamparo para que pasen el mínimo tiempo en instituciones de la Junta.
La actividad legislativa del Gobierno se frena hasta septiembre pero el presidente Moreno ya ha anunciado que tras el verano presentará la Ley de Economía Circular, un pilar de la revolución verde por la que aboga.
Fuente: ABC
