Mantener a los más de mil ‘enchufados’ de la fundación Faffe cuesta 30 millones al año a los andaluces

Una auditoría encargada por el actual Gobierno revela que estos empleados están infrautilizados y no tienen tareas

Sede del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla – J.M. Serrano

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) dedica 30.374.603 euros al año a mantener a más de un millar de trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que no tienen unas tareas definidas. Al amparo de la ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, el Gobierno socialista de José Antonio Griñán disolvió en mayo del año 2011 esta fundación, que fue uncoladero de cargos afines al PSOEdesde su creación en el año 2003 hasta días antes de su extinción. Pero el Ejecutivo autonómico decidió mantener en nómina a sus 1.664 empleados. Estos laborales fueron absorbidos o subrogados por el SAE, la agencia de la Junta de Andalucía que gestiona

 las oficinas del paro en la comunidad. 

En respuesta a una pregunta formulada por este periódico a través del Portal de la Transparencia, el director del SAE, Miguel Ángel Terrero Prada, cifró en 30.374.603 euros la partida del capítulo de personal destinada a «sueldos, salarios y asimilados» de los 1.071 efectivos procedentes de la extinta Faffe que trabajaban en la agencia autonómica en 2019, coincidiendo con la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía

En la actualidad, continúan en nómina 1.064 de la antigua fundación, que hizo el 60% de sus contrataciones sin la publicidad debida, según detalló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un atestado entregado al juzgado que investiga las irregularidades cometidas en la Faffe, encontró al menos a 200 trabajadores con vínculos con el PSOE y los sindicatos, algunos de ellos «con tareas improductivas».El Servicio Andaluz de Empleo tiene en nómina a 1.064 empleados de la antigua entidad pública y cobran sueldos más altos

Diez años después de su integración en el SAE, estos efectivos están infrautilizados, según ha puesto de manifiesto una auditoría de PricewaterhouseCooper realizada por encargo del nuevo Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos para radiografiar 54 entidades públicas creadas durante los 37 años de mandatos del PSOE. Los laborales procedentes de la extinta fundación, catalogados con el eufemismo de «personal laboral propio», carecen de potestades públicas para tramitar ayudas, uno de los principales cometidos que tiene el Servicio Andaluz de Empleo, junto con el de procurar formación y orientación a los parados. 

Un problema heredado 

«Esta problemática impide al SAE la utilización efectiva de todos los recursos humanos con los que cuenta, al no estar claramente definidos cada puesto de trabajo y el tipo de personal que puede realizar cada tarea», advierten los auditores. El informe también se hace eco de la tensa «convivencia» entre el personal de los entes extinguidos y otros trabajadores de la agencia, al disfrutar de salarios, condiciones y convenios más ventajosos. Las tareas desempeñadas por los primeros son una fuente permanente de conflicto. Tanto el Sindicato Andaluz de Funcionarios como CSIF han denunciado, a través de sucesivos escritos, que el personal de la Faffehacía tareas que no le correspondían e incluso consultaba vidas laborales de usuarios de las oficinas de empleo «mediante la utilización de claves de acceso, ya sea indebidamente concedidas o prestadas». 

El problema viene heredado del anterior Gobierno de Susana Díaz, que ya trató de buscar una salida airosa al millar de trabajadores sin tareas ni potestades públicas para realizarlas. Para salir de este laberinto, optó por asignar cometidos a estos trabajadores que legamente no podían ejecutar. Miguel Ángel Vázquez, antiguo portavoz del Ejecutivo socialista, alegó ya en el año 2016 que «no podemos permitir que haya personal mano sobre mano». 

Desde la actual Consejería de Empleo son conscientes de esta situación y han esgrimido que dejar sin tareas administrativas a este personal causaría «un perjuicio mayor», porque paralizaría el funcionamiento de una agencia decisiva para la recuperación económica. El SAE ha pasado de ser el epicentro de los casos de corrupción más graves que han salpicado a los gobiernos socialistas (ERE, Formación, Fundación Faffe, entre otros) a concentrar la gestión de 2.000 millones de euros a través de diferentes programas de ayudas para autónomos, empresas y trabajadores golpeados por la pandemia del Covid. 

Despedir «cuesta mucho»

Despedir a los ‘enchufados’ de la Faffe tampoco está encima de la mesa del Gobierno del PP y Ciudadanos, que aduce dificultades jurídicas. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs) manifestó que despedir a personas que llevan años trabajando para distintas entidades públicas –pendientes de su extinción tras las auditorías– «cuesta un dinero». Existe el riesgo de que los despedidos puedan recurrir ante los juzgados sus ceses y lograr la readmisión. La Junta «no va a poner a nadie en la calle que tenga un derecho adquirido», garantizó el ‘número dos’ del Gobierno. 

El informe de la auditora recomienda al SAEque implante un catálogo de puestos de trabajo que «permita una planificación estratégica de recursos humanos, y donde se establezca y aúne la totalidad de los puestos de trabajo necesarios». El gerente ya avanzó en 2019 que está elaborando una relación de los perfiles profesionales precisos para desempeñar cada puesto. 

Cuñados, hijos y esposas de cargos del PSOE, e incluso concejales tránsfugas 

La principal vía de acceso a la fundación Faffe era el currículum y una entrevista, según explicó Fernando Villén, que dirigió la entidad pública durante sus ocho años de existencia. El ex alto cargo negó a ABC que hubiera enchufismo. La realidad es que la Faffe dio trabajo a esposas, cuñados, sobrinos, hermanos, hijos, amigos de la infancia, concejales y hasta tránsfugas de otros partidos que permitieron que el PSOE ganara alcaldías como la de Camas, en Sevilla. En 2011 todos ellos se integraron en el SAE manteniendo sus mismas condiciones. El salario base de un administrativo repartido en catorce pagas, sin contar los trienios mensuales, oscilaba entre los 1.397 y 1.908 euros en el año 2019, según informó la Junta.

Fuente: ABC

Redacción

Entrada siguiente

Aumentan a 304 los muertos en Haití a causa del terremoto

Dom Ago 15 , 2021
El seísmo de 7,2 grados de magnitud en la escala de Richter ha provocado también al menos 1.800 heridos Al menos 304 personas murieron por el terremoto de magnitud 7,2 que afectó este sábado a Haití, de acuerdo con un nuevo balance de Protección Civil, que da cuenta de «cientos de […]