La Guardia Civil ha pedido toda la documentación, pero en el Ayuntamiento no constan contratos de ningún tipo en la fecha que se investiga
Los contratos que hizo el Ayuntamiento de Huévar para la supuesta compra de votos por parte del PSOE en las elecciones municipales han desaparecido. El juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor solicitó a la actual alcaldesa, la popular María Eugenia Moreno, la entrega de toda la documentación que conste en el Ayuntamiento acerca de las personas que aparecen en la lista del «Plan 1.000», el manuscrito realizado por el primer teniente de alcalde socialista, Francisco Martín González Bejarano, en el que señalaba todos los vecinos del pueblo que habían recibido contratos del Ayuntamiento para hacer una batida y recabar sus votos para el PSOE. En este documento, cuya autoría ha sido admitida
por el propio concejal, se ofrecían hasta los apodos y direcciones de los beneficiados con los planes de empleo municipales y se explicaba que eso les comprometía a votar al PSOE. Es más, en cada casa en la que había caído un contrato se contabilizaban los votos de todos los miembros de la familia hasta sumar mil sufragios, que era el número que los socialistas estimaban que necesitaban conseguir, además de los votantes fijos, para revalidar su histórica mayoría absoluta en Huévar.
En un principio, el juez archivó la causa porque consideró que el manuscrito correspondía a las elecciones de 2011 y el delito ya habría prescrito, pero las contrataciones se pudieron producir de manera sucesiva, por lo que la Audiencia le obligó a reabrir el caso y a comprobar si, como sostiene la denuncia, el gobierno socialista compraba votos a cambio de contratos. Por esta razón, el magistrado envió un oficio a la Guardia Civil para que se incautara de toda la documentación del Ayuntamiento que pueda acreditar esta relación directa y que probaría el presunto delito electoral y de malversación de fondos, pero en ese proceso se ha producido una sorpresa inesperada. Los papeles no están.
Concretamente, los agentes han solicitado todos los expedientes de 1052 contratos realizados por el Ayuntamiento en los años investigados, pero faltan más de la mitad, exactamente 690. Y nadie sabe explicar con precisión dónde están esos papeles. La Guardia Civil se dirigió el pasado 31 de marzo a la interventora del Ayuntamiento para reclamarle toda la documentación. La funcionaria emplazó entonces a los agentes a darle tiempo para reunir todos los expedientes, pero después de un mes de búsqueda no ha encontrado nada de los 690 contratos citados. Por eso el 27 de abril emitió un informe a los investigadores en el que asegura que «solicitado documentos obrantes en esta Secretaría-Intervención por parte de la Alcaldía, y a instancias del equipo de Policía Judicial de Sanlúcar la Mayor, perteneciente a la Comandancia de Sevilla, Unidad Orgánica de Policía Judicial, de la Guardia Civil, por orden judicial dimanante del juzgado mixto número 5 de Sanlúcar la Mayor, resulta que se ha preparado la documentación solicitada de las personas que se relacionan en la petición, a excepción de los TC completos, ya que no al no haberse pagado no constan en la contabilidad».En la documentación que ha pedido la Guardia Civil al Ayuntamiento faltan 690 contratos que los funcionarios no encuentran en Recursos Humanos
Es decir, como el gobierno socialista no pagaba a la Seguridad Social y llegó a acumular una deuda de 17 millones de euros que recientemente ha abonado la nueva alcaldesa del PP, la interventora no tiene ese registro. Pero esto no es lo peor. La funcionaria también aclara que «tampoco han quedado archivados en el Área de Recursos Humanos, que en esas fechas era asesorada y gestionada por asesor externo y que, al parecer, no dejó toda la documentación archivada en las dependencias municipales». Ni se aclara quién era ese asesor externo, ni se explica qué tipo de contrato tenía, ni se detalla dónde puede haberse llevado los contratos. Por lo tanto, la Guardia Civil no puede cruzar esos datos para comprobar si las personas del listado elaborado por el primer teniente de alcalde para conseguir su voto a cambio de un contrato municipal trabajaron para el Ayuntamiento en esas fechas.
Una hoja de ‘excel’
La única opción que le queda a los agentes es dirigirse a la Seguridad Social para que este organismo público entregue los citados ‘TC’, documentos de alta como empleados. Pero al no haber sido abonados en su día es posible que tampoco consten allí. Lo único que sí han podido llevarse es la hoja de ‘excel’ en la que aparece la relación de contratos y que fue descubierta en una caja de cartón bajo el epígrafe ‘Listado 07 relación personal casos B Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe’. Esta caja estaba en la cola de la trituradora de papeles que se quemó en los días previos a la inesperada llegada de María Eugenia Moreno a la Alcaldía. El gobierno socialista no tuvo tiempo de deshacerse de esa documentación ni de los manuscritos de Francisco Martín González Bejarano, papeles que ahora son la piedra roseta de este escándalo destapado por ABC. La duda que queda por resolver es cuánta documentación sí pudo pasar por la trituradora durante la semana en la que los socialistas vaticinaron el cambio de gobierno, tras décadas de hegemonía en Huévar, gracias al apoyo de Podemos al PP para desbancar al PSOE de este municipio.La interventora asegura que en las fechas que se investigan los contratos municipales los gestionaba un asesor externo que no dejó documentación
La nueva alcaldesa, María Eugenia Moreno, ordenó cambiar la cerradura del Ayuntamiento la misma tarde en la que se produjo la votación en la que fue investida y esa decisión fue crucial para que muchos documentos se salvaran. Otros, en cambio, han desaparecido. El autor del manuscrito denominado ‘Plan 1.000’ reconoció ante el juez que hizo un listado de vecinos del pueblo puerta por puerta para reclamarles su voto a cambio de los favores que el Ayuntamiento les había prestado dándoles trabajo. En esa lista se especifican incluso los apodos y los destinos exactos en los que estuvieron contratados. El edil la elaboró añadiendo también los puestos que podía ofrecer a otros vecinos afines para alcanzar la cifra necesaria y aseguró al juez que el PSOE diseñó esa estrategia «con el objetivo de ganar las elecciones», aunque se defiende alegando que el plan finalmente no se ejecutó. El juez llegó a archivar la causa por esta razón y por la supuesta prescripción, pero la Audiencia le instó posteriormente a seguir investigando para cruzar los datos. Pero esta tarea se complica ahora para la Guardia Civil porque los contratos han desaparecido.
González Bejarano admitió la autoría de todos los papeles y explicó que «sólo se trataba de una planificación de trabajo de cara a las elecciones para conseguir ganarlas», pero repitió que «era una estrategia que pensaron, pero que no llevaron a cabo». Sin embargo, los nombres que aparecen en la lista que él elaboró coinciden con los del listado de contrataciones municipales que estaba en la caja que no se pudo triturar. El investigado se desentendió por completo de esta relación de contratos. «Yo de eso no sé nada», dijo escuetamente en su declaración ante el juez.
En el manuscrito que dio origen al caso se puede leer esta consigna: «Vamos a ir de verdad a apoyar a los nuestros, no puede haber varios miembros de una familia (que no nos vota) y ninguno de otras que en teoría sí nos votan».
Fuente: ABC
