Los vigilantes de la playa admiten «estar vendidos» ante estas concentraciones multitudinarias
Las playas se han convertido en uno de los puntos calientes de la pandemia del coronavirus. La tarde del pasado sábado, efectivos de la Policía Local de Lepetuvieron que actuar en la playa de Santa Pura en La Antilla para desalojar a un numeroso grupo de jóvenes que estaban consumiendo alcohol sin respetar la distancia de seguridad y sin protegerse con la obligatoria mascarilla. Los agentes se personaron en la zona en torno a las 20.30 horas y multaron a más de una treintena de jóvenes que se arremolinaban en la arena y cerca de un chiringuitos.
Previamente, los auxiliares de vigilancia de la playa contratados por la Junta de Andalucía registraron las incidencias a través de la aplicación móvil que le facilitaron, dieron los avisos correspondientes a la Policía Local para que actuara e incluso se pusieron en contacto con Protección Civil para que cerrara la playa al completarse el aforo. Los adolescentes habían desoído las advertencias de los vigilantes, que les indicaron por activa y por pasiva que estaban prohibidas las aglomeraciones y que debían protegerse con mascarillas. Su función es meramente informativa. Pueden aconsejar pero no obligar porque carecen de autoridad y nunca deben enfrentarse a nadie en caso de desobediencia.
«El problema es que muchas veces llamamos a la Policía y nos dicen que no pueden acudir porque no tiene gente para venir a las playas. La verdad es que estamos vendidos», se lamenta una de estas trabajadoras que solicita preservar su anonimato.
Durante el pasado sábado, los auxiliares informaron de 41 aglomeraciones en el litoral lepero, si bien las incidencias no fueron mayores que en anteriores fines de semana, según la información de la Delegación Territorial de Huelva facilitada por la Junta de Andalucía.
El mismo día y a pocos kilómetros de la playa de Santa Pura, un equipo de reconocimiento del Ejército de Tierra estaban sopesando distintos terrenos en Lepe para instalar un campamento para que puedan alojarse los temporeros después de que en los últimos días el fuego arrasara algunos de los asentamientos chabolistas que proliferan a las afueras del municipio. El objetivo es neutralizar el riesgo de transmisión del virus entre los trabajadores extranjeros sin techo. Desde el Ayuntamiento indicaron que les mostraron varias parcelas que disponen de agua y energía eléctrica en su inmediaciones y que se encuentran a la espera de una respuesta del Ministerio de Defensa para saber cuándo comenzarán las labores de montaje.
La costa onubense no ha sido la única que ha registrado problemas de botellón. El pasado fin de semana se produjo un macrobotellón con más de un centenar de jóvenes en otra localidad de la provincia, Escacena del Campo. El Ayuntamiento de este pueblo apeló ayer a la responsabilidad de los padres para evitar que se repitan episodios como éste. Desde la Corporación local condenaron la «irresponsabilidad» de los participantes y recordaron que los botellones están prohibidos tanto en la vía pública como en las inmediaciones de la localidad. Más allá de la suciedad que generan, la principal preocupación son los «rebrotes por Covid-19», puntualizaron.
En la provincia de Granada, el Ayuntamiento de Motril ha abierto un expediente sancionador al dueño de un cortijo en Calahonda por celebrar una fiesta ilegal con un centenar de jóvenes, a los que que captaba en el paseo marítimo.
Fuente: ABC
