Dos halcones evalúan ya sobre el terreno la marcha de las medidas y reformas exigidas para recibir los fondos europeos
Dos altos cargos de la Comisión Europea llegaron ayer a España para vigilar el cumplimiento de las reformas y medidas exigidas al Gobierno a cambio de recibir los millonarios fondos europeos que deben ayudar a revitalizar la economía. María Teresa Fábregas Fernández, directora en el Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Recover), y Declan Costello, director general adjunto en la Dirección General de Economía y Finanzas (DG Ecfin) de la Comisión Europea son los ‘halcones’ elegidos por Europa para seguir la ruta del plan español y valorar la disposición de nuevos fondos. La visita de estos técnicos comienza así una andadura que se alargará en el tiempo con visitas frecuentes, tanto a La Moncloa, como al Ministerio de Hacienda. El Gobierno, por tanto, van a ser objeto de un control minucioso por parte de estos ‘hombres de negro’, que ya monitorizaron la economía española en 2012, durante la crisis financiera.
Bruselas ya ha girado a España los primeros 9.000 millones de euros que deben ayudar a nuestro país a recuperar la senda del crecimiento económico. No será un dinero a fondo perdido, porque su uso será rastreado de forma minuciosa y estricta por las autoridades comunitarias para evitar usos incorrectos o indebidos. De lo que se trata es de evitar que se reproduzca el fiasco del ‘Plan E’ de Zapatero, un programa de inversiones públicas de 13.000 millones sin estrategia ninguna que terminó agravando la situación de las cuentas públicas españolas y provocando subidas del IVA y recorte del sueldo a los funcionarios.
Ahora Bruselas exige a España ponga en marcha un plan de inversiones enfocado a empresas y hogares combinado con reformas estructurales como la de pensiones o la del mercado de trabajo. Los avances serán determinantes para que las autoridades comunitarias liberen nuevos desembolsos, que seguirán ligados a esas grandes reformas y también a la agenda ‘verde’ y digital.
La Comisión ha reclamado que el plan de reformas comprometido se estructure y ejecute con un grado de detalle tal que permita después unproceso ágil de auditoría. Fue precisamente esta exigencia lo que retrasó un mes la presentación del plan por el Gobierno de coalición el pasado mes de junio. Control exhaustivo a España y también ocurrirá lo mismo con Italia, porque son los dos países europeos que recibirán más ayudas europeas. La primera remesa de 9.000 millones que ya está en la caja del Estado supone el 13% de los 69.500 millones en transferencias no reembolsables que debe recibir nuestro país del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El resto hasta los 140.000 millones de euros comprometidos que percibirá nuestro país, si así lo decide y lo solicita, vendrá en forma de créditos en condiciones ventajosas.
Nueva remesa: 10.000 millones
El siguiente paso será liberar, una vez analizados los deberes, otros 10.000 millones este mismo año, en diciembre. Además España obtendrá entre 2021 y 2023 el 80% de las transferencias previstas, un ingente caudal que irá acompañado de otros 38.000 millones en concepto de fondos estructurales europeos.
De momento, los halcones que se instalan en España tendrán encuentros con el gabinete de Presidencia, donde se encuentra la unidad de seguimiento de los fondos europeos, creada por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Esta unidad es la encargada de dar apoyo técnico a la comisión interministerial que se ha creado para analizar y seguir la ejecución de los proyectos y de preparar los informes que se deben enviar periódicamente a Bruselas sobre el cumplimiento de objetivos. Esta unidad centraliza también las relaciones con las comunidades autónomas y la colaboración público-privada. Aunque no tiene capacidad de decisión sí debe asegurarse de que las inversiones y los gastos se correspondan con lo decidido en la comisión interministerial de la que partirán las órdenes. La citada comisión interministerial la preside Pedro Sánchez.
Reformas con consenso
El Ejecutivo debe pisar el acelerador para recibir la financiación europea y hacer todos los esfuerzos por presentar las medidas con el mayor grado de consenso posible, tanto en el diálogo social como en el Parlamento, tal y como le exigen las autoridades comunitarias. Los primeros pasos ya los ha dado con una primera fase ‘light’ de reforma de pensiones que va a tener complicado el aval del Parlamento, pero ahora deberá abordar la segunda, la más espinosa, con recortes del gasto y subida de los impuestos al empleo. Si en el primer tramo logró arrancar un acuerdo a los agentes sociales, con el segundo se le complican mucho las cosas.
Lo mismo ocurrirá con la reforma laboral. Bruselas reclama medidas para acabar con la dualidad que existe entre contratos temporales y fijos y exige un plan de choque para acabar con el paro juvenil, superior al 40%. La titular de Trabajo, con el respaldo de los sindicatos, sigue enrocada en derogar la reforma laboral. Pero Europa impone la reforma de Rajoy para completar las transferencias.
Fuente: ABC
