- La reforma educativa sale adelante con 177 votos y la oposición frontal de PP, Ciudadanos y Vox, que creen que ataca a la libertad
- Entre sus aspectos más polémicos, el papel del castellano y los centros concertados y de educación especial
El Congreso ha aprobado este jueves la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, durante un bronco debate sobre cómo queda el castellano en la norma o los centros concertados y los de educación especial, y el PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado que la derogarán en cuanto puedan al considerar que se ataca a la libertad.
La que será la octava ley educativa en democracia, de aprobarse tras pasar por el Senado, ha tenido el respaldo en la Cámara Baja de 177 votos a favor (solo un voto más de lo que necesitaba para la mayoría absoluta), 148 en contra y 17 abstenciones.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha reconocido que les hubiera gustado tener “más consenso”, pero que, “lamentablemente, el PP, Vox y Ciudadanos se han autoexcluido del debate”. No obstante, ha asegurado que están “muy felices”, porque hace siete años todos los grupos de la cámara, con excepción del PP, se emplazaron a derogar la Lomce o ley Wert, y ha considerado que la Lomloe es “una ley modernizadora”.
También desde el Ejecutivo, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha defendido la norma, cuya vocación es mejorar la educación en España y recuperar “el entusiasmo” de los más jóvenes. En cuanto a las críticas de la oposición, Duque ha señalado que “la gente hace unas afirmaciones enormemente apocalípticas” y ha dicho que no se está centrando en lo que verdaderamente es importante, que es “mejorar el nivel medio de la educación que tiene toda la población“.
El proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) ha salido adelante en el Congreso a pesar de que, según el PSOE, se han difundido “mentiras, bulos y fakes” sobre el castellano y los centros concertados y de educación especial. Unidas Podemos ha mostrado su satisfacción y ha valorado que se fije la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo.
Por contra, el PP ha calificado la norma de “profundamente ideologizada“, que “diluye la responsabilidad individual”, además de atacar al castellano como lengua vehicular de la enseñanza y “desterrar” el derecho de los padres a elegir. Para Vox es una ley “sectaria y peligrosa” y ha criticado que “metan el género desde la infancia”, en una “exaltación confusa de la libertad sexual” impartido por “personal no docente”.
Ciudadanos achaca al Gobierno un tramitación “inoportuna y de dudosa garantía democrática”. Baja el nivel de los estudiantes, es ideologizante, ataca a la libertad de elección de las familias y supone un “mercadeo zafio con los derechos lingüísticospor un puñado de votos”, ha señalado. UPN cree que “habrá familias que no podrán estudiar en español por culpa del PSOE”. Y Coalición Canaria ha sostenido que esta ley es “ideología, temporalidad y confundir”.
Por su lado, ERC cree que “la mejor garantía para la escuela catalana es la república catalana”, pero ha valorado los avances pedagógicos de la nueva norma y ha defendido que el catalán es la lengua vehicular en la educación catalana. Bildu ha señalado que la Lomloe no es el instrumento que necesitan, pues no quieren ser “meros gestores” y se queda corta a sus demandas, como la laicidad.
Más País Equo ha criticado hablar tanto de la religión o la lengua cuando los problemas reales son la falta de recursos y el fracaso escolar. Junts per Catalunyaha señalado que no se ha llegado a la ley que querían y ha defendido las escuelas concertadas, porque “enriquecen y dan más libertad al sistema educativo”. El PNV ha celebrado que vaya a acabar la Lomce, pero ha defendido una ley vasca de educación y la coexistencia de la red pública y concertada.
Protestas frente al Congreso
A la vez que se debatía el dictamen de la Lomloe, la plataforma Más Plurales, en defensa de la enseñanza concertada, se ha concentrado por cuarta vez ante el Congreso, donde han recibido el apoyo de dirigentes de PP, Cs y Vox. La concertada “sí importa” y la Lomloe “es un auténtico fraude y una chapuza más”, han asegurado los concentrados, mientras se escuchaba Libertad sin ira y Para la libertad.
Por su parte, asociaciones y sindicatos educativos como STES, UGT, CCOO, los padres de la Ceapa y el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales han celebrado que se apruebe una ley que derogue la Lomce, aunque consideran que la norma debería haber incluido más aspectos, por ejemplo, sobre el profesorado. Por contra, la ANPE ha criticado la falta de consenso, y el CSIF ha dicho que es una ley sin consenso ni recursos y critican, entre otros, la enmienda por la que se puede apartar de sus funciones a docentes por supuesta falta de rendimiento.
Los centros privados Cicae dan la bienvenida a la norma, pero exigen mayor transparencia en la financiación de los centros concertados. La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) lamenta que no se les haya tenido en cuenta en el proceso de redacción de la Lomloe, y la ONG Save the Children ve avances significativos en equidad, pero echa en falta concreción, financiación y consenso.
Ahora pasa al Senado
El proyecto de ley con el que se quiere derogar la Lomce o ley Wert ha obtenido 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Al tratarse de una ley orgánica, se necesitaba de una mayoría absoluta (176 de los 350 diputados de la Cámara Baja), con la que sí ha contado, aunque escasa, la ley Celaá.
También se ha votado en el Pleno el dictamen o texto de la ley con las enmiendas que se habían incorporado. Ha salido adelante, pero en este caso con 178 votos favor, 147 en contra y 17 abstenciones. Los partidos que han expresado su voto afirmativo al proyecto en conjunto son siete: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País Equo, Nueva Canarias y Compromís.
En contra siete: PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y Partido Regionalista Cántabro. Bildu, Junts per Catalunya, BNG, CUP y Teruel Existe son los cinco partidos que se han abstenido. La diferencia de votos entre los del proyecto y el dictamen se debe a que el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens se ha equivocado y ha votado en contra.
El proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) inició su andadura tras ser aprobado primero en Consejo de Ministros en 2019 y después, ya con el gobierno de coalición, en marzo de 2020. En el Congreso se ha trabajado en la Comisión de Educación durante cinco sesiones hasta votar su dictamen de la Ponencia la semana pasada.
La conocida como ley Celaá incluye como puntos más polémicos que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza, que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de los centros de Educación Especial o que las administraciones darán suelo público gratis solo para construir centros públicos y no concertados.
El debate de este jueves ha concluido con gritos de “libertad” desde las bancadas de PP, Ciudadanos y Vox y los aplausos a la ley desde PSOE y Unidas Podemos.
Fuente: Diario de Sevilla
